Recientemente la Xunta de Galicia ha anunciado la creación de una segunda planta de tratamiento de residuos urbanos en el sur de Galicia lo que ha reavivado la polémica entre los partidarios de la incineración y los entusiastas del compostaje. Sin embargo una vez más, esta vieja controversia vuelve a desenfocar el verdadero problema. La casi totalidad de las basuras de Galicia acaban en vertederos controlados y los niveles de recuperación y reciclaje son de los más bajos del Estado.
La legislación vigente tiene como objetivo básico reducir la producción de residuos y fomentar su aprovechamiento mediante la reutilización y el reciclado. Estos objetivos no son ideológicos sino de pura necesidad. En los últimos años la producción de residuos se ha incrementado exponencialmente en todo el mundo, en parte debido al auge de envases y embalajes. Por otra parte existen materiales que es necesario recuperar porque su presencia en la naturaleza es limitada. En contra de la creencia generalizada los sistemas existentes en Galicia separan y ordenan los residuos, principalmente envases y plásticos, para su reciclaje. Para ello es necesario que lleguen mínimamente ordenados y clasificados desde su origen que son los ayuntamientos. Es aquí donde está el verdadero problema.
Legalmente la gestión y tratamiento de los residuos urbanos es una competencia de titularidad municipal. Dado su alto coste y complejidad este servicio se presta a través de empresas mancomunadas a cambio de una tasa o canon. En Galicia estas empresas son ALBADA, la Mancomunidad del Barbanza y SOGAMA. Las dos primeras se basan en un sistema de compostaje y prestan servicio a diecinueve ayuntamientos. Por su parte SOGAMA lo hace al resto de la comunidad con un sistema de valorización energética. Esta externalización de un servicio municipal ha tenido un efecto no deseado. Los ayuntamientos se han desentendido de cualquier política pública para clasificar y ordenar adecuadamente sus residuos y de esta forma facilitar el trabajo de los gestores que es recuperar residuos para su reciclaje.
En los últimos años los ayuntamientos españoles han asumido voluntariamente competencias que no están obligados a ejercer. Estas competencias, llamadas impropias, han creado duplicidades económicas y funcionales con otras administraciones así como cierta falta de desarrollo y coordinación en competencias propias como es el caso de los residuos. La última moda es promocionar a emprendedores empresariales con el encomiable objetivo de paliar el creciente desempleo. Es paradójico observar como algunos entes locales gastan sus mermados ingresos en fomentar nuevas empresas en sectores “emergentes” cuando según el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) la gestión y tratamiento de los residuos es uno de los principales yacimiento de empleo, especialmente entre colectivos desfavorecidos. Sería mucho más lógico que ese esfuerzo se dedicase a gestionar más y mejor sus basuras, que al fin y al cabo es su responsabilidad y de esta forma dejasen de ser el cuello de botella de todo el sistema en Galicia.
Hace unas semanas fue noticia la entrevista que mantuvo el Jefe del Estado con el representante de Amaiur, Mikel Errekondo. De modo especial se destacó su doble condición de Abertzale y antiguo compañero deportivo del Duque de Palma. Nadie llamo la atención que Errekondo fue el primer Alcalde de España en implantar el sistema de recogida selectiva de basuras puerta a puerta en Usurbil, su ciudad natal. Hoy esta localidad guipuzcoana recupera para el reciclaje más del 60% de sus residuos. Galicia solo el 10%.
